Una consultora británica realizó contactos con importantes medios de Estados Unidos para difundir el reclamo de la expresidenta contra su condena en la causa Vialidad. El acuerdo contemplaba una campaña de comunicación durante un año, pero sus abogados aseguran que la contratación nunca fue aprobada definitivamente. El objetivo era respaldar el pedido ante la ONU para suspender su inhabilitación política.
La estrategia internacional de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo tras conocerse documentación presentada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que revela la participación de una consultora británica en gestiones destinadas a difundir su situación judicial y sus reclamos ante organismos internacionales.
La firma Milton Advisers, con sede en Londres, declaró el pasado 7 de octubre de 2026 un acuerdo para desarrollar una campaña de comunicación vinculada con la expresidenta argentina, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
El contrato contemplaba honorarios de 10.000 dólares mensuales durante 12 meses, lo que representa un total de 120.000 dólares, sin incluir impuestos ni gastos adicionales.
Sin embargo, existe una diferencia entre las versiones sobre la vigencia del convenio. Mientras la consultora declaró formalmente que el acuerdo estaba activo, desde el entorno jurídico de Cristina Kirchner aseguran que nunca se autorizó definitivamente la contratación.
Contactos con The New York Times y Bloomberg para difundir el caso
La documentación permitió conocer que Milton Advisers realizó gestiones con periodistas de reconocidos medios internacionales para promover entrevistas y artículos relacionados con la situación judicial de la expresidenta.
El 5 de octubre, la consultora Ani Gevorgyan, radicada en Londres, envió un correo electrónico a una periodista de The New York Times en el que ofrecía una entrevista con Rafael Valim, abogado brasileño que integra el equipo de defensa internacional de Kirchner.
Valim había participado anteriormente en el equipo jurídico que defendió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la investigación conocida como Lava Jato.
El profesional se incorporó a mediados de 2026 a la representación internacional de la expresidenta argentina, particularmente en las gestiones relacionadas con organismos de derechos humanos.
En sus comunicaciones, Gevorgyan presentó al abogado como especialista en persecución judicial con motivaciones políticas, fenómeno conocido como lawfare, y en mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Durante esa misma jornada, la consultora también realizó otros contactos con periodistas de The New York Times y Bloomberg News.
El propósito era conseguir cobertura internacional sobre los cuestionamientos planteados por la defensa de Kirchner respecto de su condena judicial.
El objetivo principal: suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos
Uno de los puntos centrales de la estrategia internacional es el pedido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La defensa de Cristina Kirchner busca obtener una medida cautelar internacional que permita suspender temporalmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esa sanción forma parte de la condena dictada en la causa Vialidad y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2025.
La expresidenta había anunciado el 29 de julio de 2026 que recurriría al organismo internacional para cuestionar aspectos del proceso judicial.
El planteo tiene especial relevancia en el escenario político argentino debido a las elecciones presidenciales de 2027.
Si consiguiera una resolución favorable que produjera efectos sobre su inhabilitación en Argentina, podría modificarse su situación respecto de una eventual candidatura. Sin embargo, la presentación ante la ONU no suspende automáticamente la condena ni garantiza que vuelva a estar habilitada electoralmente.
Un contrato millonario que la defensa asegura no haber aprobado
Uno de los aspectos que genera interrogantes es la diferencia entre lo declarado por la consultora y la versión del equipo de abogados de la expresidenta.
Según la documentación presentada ante las autoridades estadounidenses, Milton Advisers firmó un contrato el 27 de agosto de 2026 con la empresa Nazar Partners FZ-LLC, radicada en Emiratos Árabes Unidos.
En ese acuerdo, Cristina Kirchner aparecía identificada como beneficiaria de los servicios de comunicación.
El convenio establecía una remuneración de US$10.000 por mes durante un año, con posibilidad de sumar impuestos y gastos operativos.
También determinaba que cualquier gasto superior a 500 libras esterlinas debía recibir autorización previa.
No obstante, desde el entorno de la expresidenta sostienen que la contratación no llegó a concretarse plenamente porque persistían diferencias sobre algunos términos del acuerdo.
Según esa versión, la consultora comenzó a realizar gestiones de manera prematura, antes de recibir una aprobación definitiva.
Por su parte, Milton informó al Departamento de Justicia estadounidense que el convenio se encontraba vigente al momento de su inscripción.
La empresa también declaró que hasta el 7 de octubre no había recibido pagos por esos servicios.
Por lo tanto, la documentación conocida permite establecer el monto negociado, pero no confirma que los 120.000 dólares hayan sido efectivamente abonados.
Una empresa de Emiratos Árabes Unidos aparece como intermediaria
El acuerdo no fue firmado directamente por Cristina Kirchner, sino por Nazar Partners FZ-LLC, una empresa establecida en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos.
La compañía figuraba como contratante formal y responsable de realizar los pagos a Milton Advisers.
El documento fue firmado en su representación por Almira Sylaj.
Sin embargo, la información difundida no permite determinar quién contrató originalmente a Nazar Partners, cuánto cobraría por su propia intervención ni cuál sería el origen final de los recursos destinados a financiar la campaña.
Tampoco se conoció un contrato firmado directamente por la expresidenta argentina.
Estas circunstancias forman parte de los interrogantes que permanecen abiertos sobre la organización y el financiamiento de la estrategia de comunicación internacional.
Qué tareas debía realizar la consultora británica
El convenio contemplaba una campaña de alcance internacional destinada a difundir los argumentos jurídicos y políticos de la defensa de Cristina Kirchner.
Entre las principales actividades previstas se encontraban:
- Elaboración de mensajes y estrategias de comunicación para presentar el caso ante audiencias internacionales.
- Gestiones con periodistas y medios de comunicación de Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos.
- Organización de entrevistas y artículos de opinión vinculados con la situación judicial de la expresidenta.
- Relaciones institucionales y gubernamentales en Estados Unidos, Europa y América Latina.
- Coordinación con abogados y voceros que participan de la defensa internacional.
- Identificación de especialistas jurídicos y observadores externos que pudieran analizar el caso.
- Seguimiento de la cobertura periodística internacional para evaluar cómo se presenta la situación de Cristina Kirchner.
La planificación establecía ciclos de trabajo de seis semanas, organizados de acuerdo con los avances judiciales y las necesidades de comunicación.
El objetivo era mantener el caso presente en medios internacionales y acompañar las presentaciones realizadas ante organismos de derechos humanos.
Quiénes están detrás de Milton Advisers
La consultora Milton Advisers tiene sede en Londres y fue fundada por profesionales con experiencia en comunicación política, gestión de crisis y asuntos internacionales.
Uno de sus responsables es Louis Rynsard, quien trabajó con equipos del Partido Laborista británico y posteriormente se especializó en estrategias de comunicación para litigios y conflictos internacionales.
Otro de sus fundadores es Alex Walker, que desarrolló parte de su trayectoria profesional en el Parlamento británico y participó en trabajos de asesoramiento para dirigentes internacionales, entre ellos el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
En el registro estadounidense quedaron identificadas tres personas vinculadas con las gestiones relacionadas con Cristina Kirchner:
- Louis Rynsard, especialista en comunicación política y gestión de crisis.
- Tolga Inanc, consultor británico con antecedentes profesionales en áreas del Tesoro y la Cancillería de Reino Unido.
- Ani Gevorgyan, responsable de los contactos periodísticos conocidos con medios estadounidenses.
La participación de estos profesionales fue declarada bajo las normas estadounidenses que regulan determinadas actividades desarrolladas en representación de intereses extranjeros.
Por qué la consultora tuvo que registrarse en Estados Unidos
La inscripción de Milton Advisers se realizó bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés como FARA.
Esta legislación obliga a determinadas personas o empresas que realizan actividades políticas, institucionales o de comunicación en representación de intereses extranjeros a informar públicamente aspectos de su trabajo.
Entre los datos que deben declarar se encuentran:
- La identidad de la persona o entidad representada.
- Las actividades que desarrollarán.
- Los contratos vinculados con esas tareas.
- Los honorarios y pagos recibidos.
- Los profesionales involucrados en las gestiones.
En este caso, la consultora identificó a Cristina Kirchner como beneficiaria de las actividades y describió su tarea como de carácter político, debido a que buscaba influir en la percepción de audiencias estadounidenses sobre su situación judicial.
La inscripción bajo FARA es un mecanismo de transparencia y no implica, por sí misma, la existencia de una actividad ilegal.
El equipo internacional que trabaja en la defensa de Cristina Kirchner
La expresidenta cuenta con un equipo jurídico que incluye profesionales de Argentina, Brasil y España.
Su abogado argentino Carlos Beraldi continúa vinculado con la defensa, mientras que Rafael Valim participa en las presentaciones internacionales.
También forma parte del equipo Javier Borrego, jurista español que se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
En septiembre, los abogados incorporaron nuevos elementos documentales a su estrategia, entre ellos un informe elaborado por especialistas brasileños.
La intención es respaldar sus cuestionamientos al proceso judicial argentino ante organismos internacionales.
Sin embargo, la existencia de esas presentaciones no modifica por sí sola la situación judicial vigente de la expresidenta.
La condena en la causa Vialidad sigue vigente
Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad.
La Justicia argentina consideró probado que, entre 2003 y 2015, se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para beneficiar a empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez.
La sentencia estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos pendientes.
Desde entonces, la expresidenta cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Su defensa cuestiona el proceso y sostiene que existieron irregularidades que deben ser examinadas por organismos internacionales, mientras que la condena continúa vigente en el sistema judicial argentino.
El escenario político de 2027 y los interrogantes sobre la campaña internacional
Las gestiones de comunicación conocidas se producen mientras distintos sectores del peronismo comienzan a discutir sus posiciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
En ese contexto aparecen dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, mientras la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo un factor relevante para el espacio político.
La eventual suspensión de su inhabilitación tendría consecuencias sobre sus posibilidades legales de competir electoralmente, aunque no existe una resolución internacional que haya producido ese efecto.
Por otra parte, la controversia sobre el contrato con Milton Advisers deja preguntas pendientes relacionadas con la vigencia real del acuerdo, los mecanismos de contratación y el financiamiento previsto.
Lo que sí quedó documentado es que la consultora británica realizó contactos con medios internacionales y declaró un convenio de hasta US$120.000 anuales para desarrollar tareas de comunicación vinculadas con la expresidenta.
La defensa, en cambio, sostiene que el contrato nunca recibió la aprobación final y que actualmente no se encuentra vigente.
Mientras esas diferencias permanecen sin resolver, Cristina Kirchner continúa cumpliendo su condena y mantiene su estrategia de cuestionamiento judicial ante organismos internacionales.
