Techo Digno: sobreseyeron a la intendenta de Cervantes

La Justicia de Río Negro resolvió sobreseer a Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes, en la investigación por presuntas irregularidades con fondos del programa nacional Techo Digno. La jueza Claudia Alejandra Lemunao consideró que las pruebas reunidas no permitían sostener una acusación penal contra la funcionaria. La decisión contó con el respaldo de la Fiscalía y establece el cierre de la causa en su contra, una vez que la resolución quede firme.

La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, fue sobreseída en el marco de la megacausa Techo Digno, que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas en diferentes municipios de Río Negro.

La resolución fue firmada el 21 de octubre de 2026 por la jueza de Garantías Claudia Alejandra Lemunao, quien hizo lugar al planteo presentado por la defensa de la jefa comunal.

El pedido contó con el acompañamiento de la fiscal jefa Graciela Echegaray, que consideró insuficientes las pruebas para avanzar con una acusación penal.

La magistrada determinó que no se habían acreditado los elementos necesarios para atribuirle a Montanaro un delito relacionado con el manejo de los recursos habitacionales.

Por qué la Justicia decidió sobreseer a Claudia Montanaro

La investigación buscaba determinar si la actual intendenta había participado en maniobras irregulares durante la ejecución del programa nacional de viviendas.

Montanaro se había desempeñado como secretaria de Gobierno de Cervantes durante la administración municipal de su padre, Gilberto Montanaro, antes de asumir como intendenta el 10 de diciembre de 2015.

La Fiscalía examinó documentación bancaria, movimientos de dinero y contratos relacionados con distintas empresas constructoras.

Sin embargo, después de analizar las pruebas, concluyó que no existían elementos suficientes para sostener una imputación penal contra la funcionaria.

La jueza coincidió con esa evaluación y sostuvo que las posibles irregularidades administrativas no necesariamente constituyen delitos.

Para establecer una responsabilidad penal por administración fraudulenta, explicó el fallo, es necesario demostrar un perjuicio patrimonial concreto y una conducta deliberada contraria a los intereses administrados.

Qué se investigaba en el municipio de Cervantes

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La causa comenzó en abril de 2017, a partir de una denuncia relacionada con la ejecución de un convenio entre el Estado nacional y la Municipalidad de Cervantes.

El acuerdo estaba destinado a financiar la construcción de viviendas mediante el programa Techo Digno.

Durante la investigación se analizaron transferencias realizadas a tres empresas constructoras:

  • Baszkir Construcciones.
  • Eraiki S.A.
  • ECA S.A.

La hipótesis inicial sostenía que podían haberse realizado pagos sin contar con las correspondientes mediciones y certificaciones de las obras.

También se investigaron movimientos de fondos cuyo destino no había quedado suficientemente determinado.

En diciembre de 2023, la Fiscalía amplió las actuaciones para establecer si Claudia Montanaro había tenido alguna intervención penalmente relevante en esas operaciones.

Finalmente, los elementos reunidos no permitieron sostener esa acusación.

El exintendente Gilberto Montanaro ya fue condenado

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La resolución judicial también marcó una diferencia entre la situación de Claudia Montanaro y la de su padre, Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes.

El exjefe comunal fue condenado el 30 de abril de 2026, mediante un acuerdo de juicio abreviado que posteriormente quedó firme.

La sentencia estableció una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fue condenado por defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso, en relación con el manejo de fondos del programa habitacional.

Según las actuaciones judiciales, Gilberto Montanaro tenía el control de las operaciones vinculadas con los convenios, la administración de los recursos y los pagos a las constructoras.

La jueza consideró que esa responsabilidad debía diferenciarse de la participación investigada de su hija.

Las 135 viviendas incluidas en la investigación

El expediente correspondiente a Cervantes comprendió contratos para la construcción de 135 viviendas, distribuidas entre tres compañías.

EmpresaViviendas previstas
Baszkir Construcciones44
Eraiki S.A.48
ECA S.A.43
Total135

Las firmas estaban relacionadas con los empresarios Jacobo Baszkir, Néstor Sarasola y Longinos Pacífico de Dios, respectivamente.

La investigación se concentró en establecer si los pagos efectuados durante la ejecución de los contratos se correspondían con el avance real de las construcciones.

El análisis de esas operaciones permitió determinar responsabilidades diferenciadas entre las personas investigadas.

Qué argumentos utilizó la jueza para cerrar la causa

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Uno de los fundamentos centrales del fallo fue la necesidad de distinguir entre una conducta administrativamente cuestionable y un delito penal.

La magistrada explicó que una acusación por administración fraudulenta requiere demostrar tanto el daño económico como la intención de actuar en perjuicio de los intereses administrados.

En ese sentido, sostuvo que la configuración del delito no puede basarse únicamente en negligencias, errores de gestión o desorden administrativo.

La Fiscalía consideró que las actuaciones de Claudia Montanaro no reunían esos requisitos.

Por ese motivo, solicitó que se dispusiera su sobreseimiento.

La jueza hizo lugar al pedido al entender que la decisión estaba debidamente fundamentada.

La defensa había solicitado el cierre definitivo

En junio de 2026, la Fiscalía ya había dispuesto la desestimación de las actuaciones contra Claudia Montanaro.

Sin embargo, aquella decisión tenía carácter provisorio y permitía retomar la investigación si aparecían nuevas pruebas.

Ante esa situación, la defensa de la intendenta presentó un pedido de sobreseimiento definitivo.

El planteo fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal y posteriormente aceptado por la jueza Lemunao.

Una vez que la resolución quede firme, Montanaro no podrá volver a ser perseguida penalmente por los mismos hechos investigados.

Esto significa que la causa quedará cerrada respecto de la actual intendenta, sin que la decisión implique la anulación de las actuaciones correspondientes a otros investigados.

Qué significa el fallo para la megacausa Techo Digno

La resolución representa un nuevo capítulo dentro de la megacausa que investiga el manejo de recursos destinados a viviendas sociales en diferentes localidades de Río Negro.

El expediente de Cervantes es uno de los casos comprendidos en esas investigaciones, que involucran actuaciones de funcionarios municipales, exintendentes y empresarios constructores.

El sobreseimiento de Claudia Montanaro corresponde exclusivamente a su situación judicial, por lo que no determina automáticamente el resultado de otros expedientes.

En Cervantes, la causa ya registra una condena firme contra el exintendente Gilberto Montanaro, mientras que las responsabilidades de otras personas deben analizarse de manera individual.

Una decisión que pone fin a la investigación contra la intendenta

El fallo firmado el 21 de octubre representa un resultado favorable para Claudia Montanaro, después de varios años de actuaciones judiciales relacionadas con el programa Techo Digno.

La jueza concluyó que las pruebas reunidas no permitían demostrar una conducta penalmente relevante por parte de la funcionaria.

La Fiscalía coincidió con esa evaluación y acompañó el pedido de su defensa.

La intendenta de Cervantes fue sobreseída de las acusaciones vinculadas con el manejo de los fondos habitacionales y, cuando la resolución adquiera firmeza, el proceso penal quedará definitivamente cerrado en su contra.

El caso continúa siendo relevante dentro de las investigaciones sobre la utilización de recursos públicos para la construcción de viviendas en Río Negro, aunque la Justicia estableció que no existían fundamentos suficientes para atribuir responsabilidad penal a la actual jefa comunal.

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