La medida de fuerza afecta a afiliados de Río Negro, Neuquén y otras provincias del país durante este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Los prestadores privados denuncian atrasos en los pagos, falta de actualización de aranceles y ausencia de respuestas del Gobierno nacional. Advierten que la crisis pone en riesgo la continuidad de los servicios médicos para millones de jubilados y pensionados.
La crisis entre el PAMI y las clínicas y sanatorios privados sumó un nuevo capítulo este miércoles 21 de octubre de 2026, con el inicio de una suspensión de prestaciones médicas que se extenderá durante 48 horas, hasta el jueves 22 inclusive.
La medida alcanza a instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, además de establecimientos de otras regiones del país, y forma parte de un reclamo nacional por las condiciones económicas y contractuales que enfrentan los prestadores de salud.
La protesta fue convocada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), Salud Federal, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) y la agrupación Clínicas de la Patagonia.
Las entidades aseguran que la situación financiera del sector se deterioró durante los últimos dos años y que las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales no permitieron alcanzar soluciones concretas.
Qué servicios de PAMI se ven afectados
La suspensión involucra principalmente a las prestaciones médicas programadas, lo que puede generar inconvenientes para jubilados y pensionados que tenían asignados turnos durante las dos jornadas de protesta.
Entre los servicios alcanzados por este tipo de restricciones se encuentran:
- Consultas médicas programadas.
- Prácticas y estudios ambulatorios.
- Cirugías e intervenciones programadas.
- Otras prestaciones no urgentes brindadas por clínicas y sanatorios adheridos.
En medidas anteriores se mantuvieron las guardias y la atención de urgencias y emergencias. Sin embargo, el alcance específico de los servicios disponibles durante esta nueva suspensión debe confirmarse con cada establecimiento.
Por este motivo, se recomienda a los afiliados que tengan turnos asignados para el 21 o 22 de octubre comunicarse previamente con la clínica o sanatorio correspondiente para verificar si la prestación será realizada o deberá reprogramarse.
Reclaman pagos atrasados y una actualización urgente de aranceles
Uno de los principales motivos del conflicto es el atraso en los valores que PAMI paga a las instituciones privadas por los servicios médicos.
Las cámaras que representan al sector sostienen que los aranceles quedaron considerablemente desactualizados frente al incremento de los costos operativos.
Según denunciaron, el desfasaje acumulado respecto de la inflación durante los últimos dos años se ubica entre el 100% y el 131%, dependiendo de las prestaciones.
A este escenario se suman las demoras en los pagos, que complican el funcionamiento cotidiano de clínicas, hospitales privados y sanatorios.
Los prestadores advierten que deben afrontar gastos vinculados con salarios, medicamentos, insumos médicos, equipamiento, mantenimiento e infraestructura, mientras los ingresos provenientes de la obra social resultan insuficientes para cubrir los costos.
Desde las entidades señalaron que, después de varios meses de reuniones y gestiones, “no prosperaron las instancias de diálogo” mantenidas con las autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud.
Un pedido urgente al Gobierno nacional que sigue sin respuesta
El conflicto también llegó a las autoridades del Gobierno nacional.
El pasado 14 de septiembre, las organizaciones prestadoras presentaron una solicitud de audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de abordar la situación de los servicios médicos destinados a los jubilados.
El pedido contó con el acompañamiento de más de 30 asociaciones regionales y provinciales de prestadores de salud.
Sin embargo, según denunciaron las cámaras, hasta el momento no obtuvieron una respuesta que permita avanzar hacia una solución.
Las entidades plantearon la necesidad de revisar las condiciones contractuales de PAMI, actualizar los aranceles y establecer mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones.
También solicitaron analizar una posible reforma tributaria para los prestadores privados de salud, en el marco de iniciativas legislativas que se encuentran en discusión.
Advierten que casi seis millones de afiliados podrían verse perjudicados
El conflicto genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la atención sanitaria de los adultos mayores.
Según las organizaciones del sector, el sistema de PAMI brinda cobertura a casi seis millones de afiliados en todo el país, por lo que una profundización de la crisis podría afectar a una parte importante de la población jubilada.
Los prestadores sostienen que los problemas económicos ya provocaron restricciones en diferentes especialidades y que la continuidad de los servicios está condicionada por las condiciones de financiamiento.
También cuestionaron modificaciones en el sistema de contratación de PAMI, que, según denunciaron, comenzaron a trasladar pacientes desde clínicas privadas hacia hospitales públicos.
Las cámaras advierten que esta situación podría incrementar la demanda sobre establecimientos estatales que ya enfrentan una importante presión asistencial.
Además, alertaron que las dificultades financieras no solo afectan la atención de los pacientes, sino también la estabilidad económica de las instituciones y de sus trabajadores.
Río Negro y Neuquén ya habían registrado suspensiones de atención
La medida de esta semana no constituye el primer conflicto entre los prestadores privados de la Patagonia y PAMI durante 2026.
A fines de agosto, clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa habían suspendido la atención programada para afiliados de la obra social.
Aquella protesta afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados de la región y comprendió consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas.
En esa oportunidad, las instituciones mantuvieron las guardias y los servicios de emergencias.
Durante el mismo período, más de un centenar de clínicas y sanatorios del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también interrumpieron prestaciones durante 48 horas.
El reclamo alcanzó, además, a distintos profesionales y especialidades, entre ellos oftalmólogos, odontólogos y médicos de cabecera, que implementaron restricciones similares ante las dificultades para sostener la atención.
Las clínicas privadas concentran más de la mitad de las camas del país
Las organizaciones que impulsan la protesta remarcaron la importancia que tiene el sector privado dentro del sistema sanitario argentino.
De acuerdo con los datos difundidos por las entidades, las instituciones privadas representan aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación, lo que equivale a más de 1.600 centros médicos.
Además, concentran alrededor del 56% de las camas disponibles en el país, con una capacidad superior a las 120.000 camas.
En ese contexto, los prestadores consideran que el deterioro financiero de clínicas y sanatorios podría tener consecuencias sobre el funcionamiento general del sistema de salud, más allá de los afiliados a PAMI.
Cuáles son los principales reclamos de los prestadores
Las cámaras y agrupaciones que convocaron a la suspensión de servicios plantearon cuatro demandas centrales:
1. Mejorar el modelo de atención para jubilados: establecer un sistema que contemple las necesidades médicas de los adultos mayores y garantice la continuidad de los tratamientos.
2. Actualizar los aranceles: adecuar los valores que paga PAMI a la evolución de los costos para sostener prestaciones seguras y de calidad.
3. Regularizar los pagos pendientes: establecer mecanismos que permitan evitar nuevas demoras y reducir los problemas financieros de las instituciones.
4. Fortalecer los convenios con prestadores privados: aprovechar la infraestructura disponible y evitar que una mayor derivación de pacientes termine sobrecargando a los hospitales públicos.
Las organizaciones consideran que estos puntos son fundamentales para recuperar la estabilidad del sistema y garantizar una atención adecuada a los afiliados.
Incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones
La suspensión prevista para este miércoles 21 y jueves 22 de octubre busca presionar por una respuesta de las autoridades nacionales y abrir nuevas instancias de negociación.
Las entidades advirtieron que las dificultades económicas se arrastran desde hace más de dos años y que, sin modificaciones en las condiciones actuales, será cada vez más complejo sostener los servicios.
El conflicto mantiene en alerta a clínicas, sanatorios, profesionales de la salud y trabajadores del sector, mientras miles de jubilados y pensionados enfrentan posibles reprogramaciones de sus turnos médicos.
Por ahora, la medida anunciada tiene una duración de 48 horas. La continuidad de las prestaciones después del jueves dependerá de las decisiones que adopten las instituciones y de los avances que puedan producirse en las negociaciones con PAMI.
Mientras tanto, los afiliados que necesiten atención urgente deben recurrir a los servicios de emergencia disponibles y confirmar con su prestador habitual cualquier modificación en la atención programada.