El Gobierno provincial dispuso la cesantía de cinco empleados públicos por ausencias injustificadas y abandono de sus puestos de trabajo. Los casos involucran a distintas dependencias del Estado y períodos de inasistencia que, en algunos expedientes, superaron el año. Además, se investigará si cobraron salarios sin prestar servicios y, de comprobarse irregularidades, deberán reintegrar el dinero.
El Gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, resolvió despedir a cinco trabajadores de la administración pública provincial luego de que los procedimientos administrativos determinaran incumplimientos relacionados con ausencias injustificadas y abandono de cargo.
Las cesantías se conocieron este miércoles 21 de octubre de 2026 y alcanzan a agentes que se desempeñaban en diferentes organismos, entre ellos el Consejo Provincial de Educación (CPE) y los ministerios de Gobierno, Trabajo y Juventud, Deportes y Cultura.
Además de las sanciones laborales, el Ejecutivo ordenó revisar los registros de liquidación de haberes para establecer si los empleados percibieron remuneraciones durante los períodos en los que no cumplieron con sus tareas.
En caso de comprobarse pagos indebidos, los organismos correspondientes deberán solicitar la devolución del dinero. Si los exempleados no restituyen los montos reclamados, podría intervenir la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales.
Una empleada del CPE acumuló más de un año de ausencias
Uno de los expedientes corresponde a Cecilia Lourdes Villanueva, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes.
Según las actuaciones administrativas, la trabajadora incurrió en ausencias injustificadas y consecutivas desde el 10 de marzo de 2023 hasta el 7 de mayo de 2024.
Tras evaluar los antecedentes, las autoridades consideraron acreditado el abandono de cargo y confirmaron la sanción de cesantía.
El caso fue tramitado dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación, que interviene en la administración del personal de los establecimientos educativos provinciales.
Más de siete meses sin asistir al Ministerio de Gobierno
Otra de las cesantías corresponde a Johana Elisabet Zenteno, quien integraba la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
El expediente señala que la agente registró inasistencias injustificadas entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024.
Durante el procedimiento administrativo, se le otorgó la posibilidad de ejercer su defensa. Sin embargo, según la documentación difundida, no compareció a presentar su descargo.
Con los antecedentes reunidos, las autoridades resolvieron aplicar la sanción de cesantía por incumplimiento de sus obligaciones laborales.
También despidieron a una trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo
La tercera medida alcanzó a Elisa Marina Vázquez, empleada de planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
En su caso, los registros administrativos indicaron ausencias injustificadas durante el período comprendido entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024.
Las autoridades consideraron que la conducta configuraba abandono de cargo y dispusieron su desvinculación del Estado provincial.
La decisión se tomó a partir de los antecedentes incorporados al procedimiento disciplinario correspondiente.
Un trabajador de Juventudes presentó un descargo, pero fue rechazado
El cuarto caso involucra a Carlos Ignacio Somoza, quien pertenecía a la planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes, dentro del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.
De acuerdo con el expediente, el empleado acumuló ausencias continuas e injustificadas entre el 1 y el 22 de julio de 2024.
A diferencia de otros casos, Somoza se presentó ante la Dirección Superior de Sumarios acompañado por su abogado, impugnó la sanción y realizó un descargo para cuestionar las acusaciones.
Sin embargo, los auditores consideraron que los argumentos presentados no estaban respaldados por pruebas suficientes para modificar las conclusiones del procedimiento.
Como resultado, se confirmó la cesantía.
Otra empleada de Deportes fue desvinculada por reiteradas faltas
La quinta sanción recayó sobre Karina Graciela Gerban, quien trabajaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Deportes, también dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.
Según la documentación administrativa, registró ausencias injustificadas entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.
Los responsables de evaluar el expediente señalaron que la agente no presentó documentación suficiente para justificar las reiteradas inasistencias.
Ante esta situación, las autoridades consideraron acreditado el incumplimiento de sus obligaciones laborales y resolvieron su cesantía.
El Gobierno investigará si cobraron salarios sin trabajar
Uno de los aspectos centrales de las medidas es la revisión de las remuneraciones que percibieron los cinco exempleados durante los períodos investigados.
El Ejecutivo dispuso que los organismos correspondientes analicen los registros salariales para determinar si se realizaron pagos durante las ausencias injustificadas.
La investigación deberá establecer si existieron haberes abonados indebidamente y cuál sería el monto que corresponde recuperar en cada caso.
El procedimiento contempla diferentes etapas:
- Revisión de las liquidaciones salariales correspondientes a los períodos de inasistencia.
- Determinación de posibles pagos indebidos, según los antecedentes administrativos.
- Solicitud de devolución del dinero a los exempleados, si se comprueban irregularidades.
- Intervención de la Fiscalía de Estado, en caso de que no se restituyan voluntariamente las sumas reclamadas y corresponda iniciar acciones judiciales.
Es importante aclarar que la cesantía no implica automáticamente que los trabajadores deban devolver sus salarios.
Para que exista una obligación de restitución, primero deberá comprobarse que recibieron pagos que no correspondían.
Hasta el momento, no se informó públicamente el monto total de dinero que el Estado provincial podría reclamar.
Las medidas forman parte de la política de control del empleo público
Las nuevas desvinculaciones se enmarcan en la política de “tolerancia cero” frente a los incumplimientos laborales, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.
El Ejecutivo provincial sostiene que los agentes estatales deben cumplir sus obligaciones laborales y justificar debidamente sus ausencias, de acuerdo con las normas que regulan el empleo público.
En ese contexto, se avanzó con la revisión de procedimientos disciplinarios relacionados con faltas reiteradas, abandono de cargo y otras irregularidades administrativas.
Cuando las investigaciones determinan que existieron incumplimientos graves, las sanciones pueden incluir la separación definitiva del trabajador de la administración pública.
La Provincia también busca establecer si esas situaciones generaron perjuicios económicos que puedan requerir la recuperación de fondos.
Qué pasará con los cinco empleados despedidos
Con las cesantías resueltas, la siguiente etapa será determinar si los trabajadores percibieron remuneraciones durante los períodos en los que, según los expedientes, no prestaron servicios.
Si se confirman pagos indebidos, el Gobierno provincial podrá reclamar la devolución de las sumas correspondientes.
La eventual intervención de la Fiscalía de Estado dependerá de los resultados de esa revisión y de la respuesta de los exempleados ante los requerimientos administrativos.
Por ahora, las cinco desvinculaciones están confirmadas, pero todavía no se estableció públicamente si existe dinero que deba ser reintegrado ni cuál sería el monto total.
Las medidas forman parte de una serie de controles administrativos que el Ejecutivo neuquino sostiene con el objetivo declarado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del personal estatal y supervisar la utilización de los recursos públicos.
